Ir al contenido
Barreras lingüísticas en el sistema de justicia del Reino Unido que afectan a los hablantes de inglés como segunda lengua
- Internacionalizacion
- Paula Lara
- 27/09/2022
Una nueva investigación centrada en el Reino Unido y financiada por la Fundación Bell ha examinado los amplios problemas de acceso lingüístico a los que se enfrentan los hablantes de inglés como segunda lengua (ESL) cuando interactúan con el Sistema de Justicia Penal (SJC) del Reino Unido.
El informe, Barreras lingüísticas en el sistema de justicia penal, ha sido fruto de la colaboración entre el Instituto para la Investigación de la Política Criminal y de Justicia, Apoyo a las Víctimas y el Centro para la Innovación de la Justicia. El estudio se adentra en el funcionamiento interno del SJC, investiga el impacto del inglés como lengua extranjera en el acceso a la justicia y a la rehabilitación y ofrece soluciones prácticas para ayudar a quienes trabajan en el sistema de justicia a mejorar la forma en que interactúan con los hablantes de inglés como lengua extranjera.
Para abarcar la política y los datos nacionalmente, los investigadores llevaron a cabo entrevistas con profesionales de los sectores legal y voluntario (es decir, empleados del SJC), así como con intérpretes que trabajan en todo el sistema de justicia.
Fallos del sistema
Según este estudio, es posible que a los hablantes de inglés como lengua extranjera se les nieguen respuestas justas en el ámbito de la justicia y se enfrenten a barreras y limitaciones para acceder a los servicios y al apoyo, incluidas las iniciativas de rehabilitación. Lo más importante es que muchos de los empleados del SJC entrevistados nunca habían recibido formación para apoyar a los hablantes de inglés como segunda lengua y desconocían cualquier orientación profesional pertinente más allá de cómo contratar intérpretes.
Los entrevistados también mostraron lagunas en la comprensión de cómo trabajan los intérpretes, incluyendo cómo es una «buena práctica de interpretación», y cuál es la mejor manera de incorporar intérpretes en los procesos de justicia penal. Según el estudio, la pandemia, junto con diversos factores prácticos y financieros, también ha limitado el acceso a la interpretación y la traducción profesionales. «Los métodos menos formales para responder a las necesidades de apoyo lingüístico incluían el uso de Google Translate, el recurso a los conocimientos lingüísticos del personal, los voluntarios, los amigos y la familia y el apoyo de los compañeros».
Un problema en torno a los sistemas de reserva de intérpretes: Al parecer, los empleados del CSJ no podían solicitar el mismo intérprete varias veces. Esto socavaba la coherencia de la interpretación, que es crucial para crear confianza y compenetración. Los entrevistados también informaron de que los fallos técnicos afectaban a la calidad de los servicios de interpretación por teléfono (OPI).
Valoración negativa de la figura del intérprete
El estudio también exploró cómo la presencia de un intérprete afectaba a la dinámica de la sala. Era preocupante que la mera presencia de un intérprete pudiera crear percepciones negativas del acusado o del testigo por parte de los profesionales del tribunal y de los abogados.
Las percepciones negativas incluían la sospecha de que los acusados o los testigos estaban ocultando algo o estaban jugando con el sistema. La investigación también demostró que la presencia de un intérprete, en ocasiones, causaba irritación y/o provocaba retrasos o interrupciones en los procedimientos del CJS.
Según el estudio, a los profesionales de la justicia penal les preocupaba a veces que los intérpretes parafrasearan o resumieran las conversaciones. Al parecer, el CJS se mostraba inseguro o ansioso por utilizar intérpretes profesionales, y los investigadores observaron una preferencia por utilizar intérpretes no especializados o sin formación dentro del propio SJC para prestar servicios lingüísticos.
Además, el informe descubrió que el uso de servicios lingüísticos profesionales por parte del CSJ se considera a menudo un coste adicional en un sistema sobrecargado. Esto planteó cuestiones sobre la disminución de los niveles de apoyo lingüístico y desembocó en actitudes negativas por parte de la comunidad de intérpretes sobre los términos y condiciones en los que se espera que trabajen.
Así las cosas, resulta evidente que, por diferentes motivos, en las instituciones públicas los servicios lingüísticos contratados no siempre funcionan de manera idónea.
¿Conocías las dificultades que esto conlleva para las poblaciones no nativas de cualquier país?
¿Te ha gustado el artículo? ¡Deja tu comentario!
